Hacia un salario mínimo para Europa. ¿Una respuesta a la precariedad juvenil?
El pilar europeo de derechos sociales debe ser la principal herramienta para superar los retos actuales y conseguir una igualdad real de todos los ciudadanos de la UE.
El proyecto europeo gana solidez a la vez que supera retos y amenazas, consolidándose gracias a la solidaridad, las metas comunes y las estrategias a largo plazo. Una de las principales amenazas al proyecto europeo en la actualidad es la desigualdad social dentro de una economía común.
Desde 2017, en que la Comisión proclamó el Pilar Europeo de Derechos Sociales, Europa cuenta con una clara referencia común para la construcción de los derechos sociales comunes que debe llevar aparejada la ciudadanía europea. Pese a la integración de los mercados y la economía, las políticas sociales siguen siendo sufragadas por los Estados, lo que implica una gran desigualdad en cuanto a recursos y derechos reconocidos.
Un importante paso en este sentido sería el desarrollo de un salario mínimo europeo reconocido en toda la UE, supondría una garantía básica y común. Permitiría, como propone la Comisión en su Propuesta de Directiva COM(2020) 682; asegurar unas condiciones de vida y de trabajo dignas, así como de construir unas economías y sociedades justas y resilientes.
La Unión Europea es el mejor ejemplo de gobernanza multinivel e integración regional en el mundo, desde un planteamiento basado en la asociación de actores públicos, privados, sociales y académicos. Esta visión está plasmada en los proyectos sobre salario mínimo europeo como medio de responder a los nuevos retos del mercado laboral:
Estas nuevas circunstancias han provocado una mayor polarización en el empleo, un aumento de profesiones mal remuneradas y de poca cualificación, lo que no ha hecho sino agravar situaciones de precariedad laboral juvenil ya existentes.
El salario mínimo europeo, como respuesta a estas circunstancias se apoya de distinta forma en las culturas laborales de los Estados miembros, aunque se extrae una conclusión principal: una elevada cobertura de negociación colectiva guarda una relación directa con los salarios mínimos más elevados y baja proporción de salarios bajos.
A tal fin, la Directiva sobre la que trabaja la Comisión va en la línea de garantizar los derechos laborales y unas garantías mínimas extendidas en toda la Unión Europea. El eje principal es la promoción de la negociación colectiva de los salarios en todos los Estados miembros, como vía para la aseguración de los derechos laborales y la mínima calidad de vida. Se estima que este avance supondría una menor proporción de
trabajos con bajos salarios, unos salarios mínimos de mayor cuantía, reduciría la desigualdad salarial y un contexto general de salarios al alza.
Esta Directiva es el resultado de la puesta en marcha del Pilar Europeo de los Derechos Sociales, que a su vez se desarrolla sobre diferentes principios. En el caso de la defensa del salario mínimo europeo, los principios con los que guarda coherencia son los siguientes:
Desde otra lectura menos general, es cierto que el salario mínimo provoca una extensión de las políticas compartidas por todos los Estados miembros. En definitiva estamos hablando del germen social de una ciudadanía europea más cohesionada con cada generación nueva.
Dentro del contexto europeo, el salario mínimo interprofesional español se sitúa en el número 7 de 21, lo que lo deja en prácticamente la mitad del más alto, el de Luxemburgo. Por otro lado, hay Estados miembros con salarios hasta seis veces más bajos como los 322€ de Bulgaria.
Esta circunstancia no solo afecta a la precariedad del empleo sino a una
competencia por la deslocalización industrial y de servicios que se apoya en mano de obra barata, acentuando las diferencias dentro de una unión que trabaja por la cohesión. El salario mínimo europeo marcará el límite final del coste de mano de obra, por lo que los estudios de mercado no podrán contabilizar la precariedad laboral como un incentivo para inversión.
Por otro lado, el salario mínimo europeo puede suponer un importante avance en la coherencia y de las políticas sociales europeas, las garantías compartidas para todos sus ciudadanos y un espacio más uniforme para el desarrollo empresarial y la creación de empleo.
